JAIME ALONSO CALERO SANZ: "CAMBIO CONSTITUCIONAL Y CULTURA POLÍTICA NACIONAL: EL NUEVO ESCENARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN REPUBLICANA EN COLOMBIA

CAMBIO CONSTITUCIONAL Y CULTURA POLÍTICA NACIONAL: EL NUEVO ESCENARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN REPUBLICANA EN COLOMBIA

POR: JAIME ALONSO CALERO SANZ*

RESUMEN

A finales del siglo XX en Colombia, a casi dos siglos de vida independiente (Bicentenario), se consolida un proceso político que da pie a la estructuración de un ordenamiento jurídico político más moderno, en términos de desligarse de las ataduras de la configuración elitista y confesional decimonónica de la política, que constituyeron las bases que se perpetuarán en el siglo siguiente  en nuestro sistema político. La nueva situación posibilita, de manera formal, el reconocimiento e inclusión de sectores sociales que, desde el comienzo de nuestra vida independiente no habían podido participar en la toma de decisiones. Se crean formalmente las bases para una verdadera construcción republicana, para la formación de ciudadanos con las suficientes virtudes cívicas para estar atentos al quehacer de la política, con la disposición para tramitar los conflictos, propios de la formación democrática, utilizando las vías y los canales institucionales y actuando en aras de la promoción de los valores sociales comunes. En el trasegar del sistema sociopolítico, después de dos décadas del cambio constitucional en el desarrollo de la política en Colombia, se observa que el peso de la tradición de la enraizada cultura política, no ha permitido el verdadero empoderamiento de la constitución política de 1991 en su aspecto participativo, aspecto que sustentaría una agencia ciudadana Vigilante de los asuntos públicos,  en la cual podrían estar las bases para superar nuestras dificultades en materia de organización política.

PALABRAS CLAVES:

Elitismo, confesionalismo, exclusión política, reconocimiento político, tolerancia, cultura política, liberalismo, republicanismo, virtudes cívicas.

Introducción

    La realidad política nacional se presenta ante los ojos del ciudadano común como una entidad desorganizada y caótica, en la cual los sujetos que se dedican al ejercicio del poder en las instituciones del Estado no poseen las virtudes cívicas y políticas que deben caracterizarlos, son permanentes las acusaciones y juzgamientos sobre peculado, malversación de fondos púbicos y un carrusel de contratos en los cuales se desangra el erario público, sin  que se lleven a cabo las obras públicas que podrían mitigar y/o solucionar muchos de los problemas que aquejan a la población; situación esta que ha dado lugar a un tipo de relaciones específicas de ese ciudadano común con las instituciones de poder y con la definición de los marcos generales en los que se inscribe la actividad política, generando en cierta medida apatía, resentimiento e impotencia ante la instrumentalización de las instituciones con fines privados; en el caso particular de nuestro país, que ha sido catalogado como una de las democracias más sólidas del subcontinente, se demuestra que la elección de los gobernantes siguiendo las reglas procedimentales de la democracia representativa no son la condición que garantiza el funcionamiento cabal de la misma. Al referirse al problema de la inestabilidad política en Latinoamérica, Alain Rouquié plantea que “…entre 1958 y 1984 solo cuatro estados [entre ellos el nuestro] tuvieron una sucesión regular e ininterrumpida de gobernantes civiles elegidos conforme a las reglas constitucionales, lo cual no significa que en todos los casos se trate de democracias ejemplares” (Rouquié, 1989, 110).

      La recurrencia al legalismo a través de las reformas constitucionales, como fórmula para solventar las permanentes crisis por las cuales atraviesa el sistema político, surte el efecto de presentar la salida que, “como fórmula mágica” ha de preservar la unidad nacional y corregir el rumbo, lo que, en efecto, resulta completamente inocuo frente el gran problema de corrupción existente. Es indiscutible que esto ha condicionado el quehacer de los sujetos de Estado y la visión que el ciudadano tiene de los mismos.

El presente escrito estructura un análisis histórico político de la problemática de la democracia colombiana, fundamentalmente referido al desconocimiento de los canales institucionales para la resolución de los conflictos (virtud cívica y acatamiento de la ley); la satanización del adversario político promovido desde las mismas instituciones del Estado y por autoridades políticas, dando pie a que los grupos de extrema derecha, detrás de los cuales se esconden oscuros intereses ideológicos y económicos, terminen asesinando cualquier brote de lo que ellos consideran peligroso para la continuidad del sistema;  el recurso de la violencia como forma de participación política, ante la falta garantías democráticas y de canales institucionales para la manifestación pública de los ideales o de las críticas hacia el sistema político imperante; la flagrante  corrupción que ve siempre al Estado como un botín del cual persistentemente se busca obtener ventajas y prebendas y la imposición de los intereses particulares sobre el interés general en las instituciones del Estado e incluso en los comportamientos cotidianos de las actividades civiles.

En un análisis más pormenorizado que procure rastrear el inicio de esta problemática se percibe que esta situación se deriva desde la misma conformación del Estado en la época pos independentista, dado el carácter de nuestra conformación política constitucional de enraizada tradición elitista, confesional, bipartidista, representativa y excluyente, que merced a la evolución particular que ha tenido nuestra historia se ha perpetuado, sin permitir la estructuración de un orden político diferente, más moderno y proclive al respeto por el otro, al reconocimiento político y la aceptación de las diferencias. Solamente en las últimas décadas del siglo XX se presenta una situación atípica, y que por lo mismo amerita la revisión y análisis de sus consecuencias, respecto de la forma a través de la cual se estructura la sociedad y el Estado desde el ordenamiento constitucional, pues en el nuevo carácter de la construcción política se presentan posibilidades para la generación de un cambio, dado que se propicia el reconocimiento de grupos y sectores sociales tradicionalmente marginados y excluidos de participación política y se abren mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden incidir en la toma de decisiones, en un  marco general de reconocimiento de derechos individuales y colectivos; situación ésta que puede ir en la vía de la superación de la situación precedente, en la conciliación de los intereses particulares con el interés general en el que ambos salgan fortalecidos, sin ir uno en desmedro del otro, aunque habría que reconocer, para el caso particular de la realidad colombiana, las dificultades que en este proceso puede tener y tiene el peso de la tradición y del tipo o modo de cultura política imperante.

En el cambio constitucional más importante de finales del siglo XX en Colombia (la constitución política de 1991), se puede observar un carácter novedoso en su elaboración, ahora partícipe de un mecanismo diferente a la tradicional manera elitista de efectuarlo, pues solo eran los congresistas los únicos que podían efectuar la reforma constitucional; ahora se presentó la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, que permitió la intervención de variados sectores organizados de la sociedad civil, muchos de ellos tradicionalmente marginados de su participación política que ahora lograrán visibilizarse y luchar en el escenario político por su reconocimiento; esto permite que se puedan al presente generar las posibilidades de construcción de un país diferente que podría dar cabida a otra forma de ciudadanía (deliberativa),[1] de libertad (como no dominación)[2] y de sistema político democrático incluyente y participativo; no obstante el peso que tiene la tradición de la cultura política nacional, elemento que puede convertirse en el principal obstáculo para que la consolidación de una estructura política diferente cobre vigencia histórica. En el marco político constitucional precedente que data desde los finales del siglo XIX, el marcado carácter representativo de la democracia no daba lugar a que la población pudiese intervenir en los destinos del país, pues el constituyente derivado (Congreso)  era la única entidad de carácter decisorio, lo cual limitaba la participación política del ciudadano solo a lo electora, sin mayores posibilidades para estructurar o construir una manera diferente de relación con las instituciones y el Estado.

Los elementos señalados anteriormente necesariamente le plantean retos a una verdadera construcción política republicana en Colombia, pues si bien el estatuto formal cambia, los hábitos, mentalidad y maneras de actuar en el escenario político  no se transforman de un momento a otro y los ciudadanos  no han sido preparados para asimilar el cambio, el cual puede propiciar, desde los marcos en los cuales se construye la democracia participativa, que asuman un rol activo en los asuntos públicos, que conmine a los gobernantes, vía veeduría participativa ciudadana, a ejercer el poder en favor del interés general y en la estructuración de una coherente cultura cívica que preserve los elementos comunes que le dan forma a una sociedad verdaderamente organizada desde los intereses generales, sin que ello implique el menoscabo del desarrollo del interés particular o de la libertad que debe tener el hombre moderno. Como marco analítico es importante tener en cuenta las doctrinas de la filosofía política contemporánea, referidas al debate entre liberales y comunitaristas, respecto al peso que debe tener la libertad o los elementos comunes que definen la convivencia social, además de la emergencia de la postura republicana que ha cobrado nuevamente vigencia en los estudios políticos contemporáneos.[3] 

  

EL MODELO LIBERAL

En el panorama político de las sociedades actuales resulta evidente el triunfo y consolidación de los regímenes liberales, en los cuales los ciudadanos están atentos  del respeto por sus derechos individuales en los marcos de una economía de mercado y gobernados por un sistema democrático representativo, en el cual debe presentarse el equilibrio de poderes, como fórmula para evitar el autoritarismo de los gobernantes y permitir el desarrollo estable de la sociedad, garantizando de paso las condiciones de suficiente libertad para que sus asociados puedan realizar sus propios proyectos de vida. En la búsqueda de esta defensa, se le hacen unas exigencias a las instituciones y al orden legislativo vigentes, lo cual necesariamente le impone cotas a la actuación del Estado, quien debe asumir una posición neutral en su tarea fundamental de la defensa del interés general, pues en ningún momento se aceptaría la imposición de alguna doctrina comprensiva de bien. Por lo regular el peso de lo político estatal es menor que el desarrollo de la esfera individual y por ende el papel que le asignan los individuos a la esfera política, donde confluye lo público común,  es minimizada, por el rol que juega en el desarrollo de lo individual y más bien tiende a instrumentalizarse en función de lo mismo. Esta forma dominante de estructuración política condiciona y determina la actuación de los sujetos sociales en los diferentes contextos, siempre en la búsqueda de sus intereses particulares, aunque habría que destacar que ello se hace en los marcos de un sistema social que determina muchos modos o maneras de relacionarse con la estructura socio cultural a la que se pertenece, aunque muchos liberales de corte libertarista no estén de acuerdo.

Como reacción al modelo anterior y partiendo de su crítica con relación a las condiciones de miseria, desigualdad y explotación generados y asentado sobre la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales para toda la sociedad, se conformó en las primeras décadas del siglo XX, enfrentado al anterior, el sistema socialista, que promulgaba una forma organizativa diferente de la sociedad, del Estado y de la economía y que ponía el acento específico en la defensa de la igualdad, antes que la libertad y que por lo mismo prescribía para sus ciudadanos una forma y un tipo de vida específicos, dando lugar a unas transformaciones radicales para la sociedad y para el mundo, llegando a producir una polarización por lo diametralmente opuesto de ambos sistemas, lo que conduciría a los acontecimientos de la llamada “guerra fría”, a los movimientos contrarrevolucionarios, incluso a la reforma de algunos postulados del liberalismo económico, con relación al papel del Estado en el desarrollo de la economía y del bienestar de sus asociados, como fórmula para contrarrestar el avance de las corrientes socialistas por el mundo y a la eclosión de un sinnúmero de movimientos en diferentes partes del mundo que propendían pos la propagación de este modelo como forma organizativa para una sociedad más justa.

En el momento actual este sistema ya no representa, como en épocas anteriores, una gran amenaza para la democracia liberal, por la disolución de los regímenes dominantes de este tipo en el escenario internacional, no obstante su conservación en algunos (pocos) lugares del planeta. Dadas las anteriores circunstancias, estaríamos abocados, en las sociedades occidentales, a tener que sobrellevar o al menos entendérnoslas en el mundo contemporáneo con la unilateralidad de la formación sociopolítica dominante actual, en la que se ha impuesto el desarrollo de los intereses particulares, blandiendo como bandera la defensa irrestricta de la libertad, haciendo que el escenario social se haga cada vez más individualista, egoísta y utilitarista, sacrificando en ocasiones el sentido de lo social y del desarrollo de una humanidad más justa, equitativa y solidaria, para con aquellos sujetos sociales que enfrentan las desventajas de su propia condición. Aquí lo social y los intereses generales que deben ser el ideal de la actuación del Estado, ante la flagrante corrupción, parecerían que no tuvieran doliente y que solo el discurso y la retórica política manejada por la clase política sea la esperanza de redención para muchos, lo que en la práctica solo se queda en el discurso, aumentando la brecha social y la desigualdad.

El liberalismo como doctrina ha tenido, en su proceso de desarrollo y consolidación, que batallar por el establecimiento de regímenes que propenden de manera irrestricta por la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, quienes deben alcanzar a desarrollar, dentro de esos marcos, los máximos niveles de su autonomía; aspecto que se ve controvertido por el descuido de parte de la sociedad que, por motivos de desigualdades no pedidas puede quedar desprotegida, sin mayores niveles de mejora de su situación, pues el Estado debe permanecer neutral y garantizar el máximo desarrollo de la libertad individual, ante esto surgen posturas defensoras del corpus social, planteando que a éste debería asignársele un mayor peso. Uno de los aspectos que particularmente le dio un talante singular moderno a esta formación es el referido a la secularización de las relaciones políticas, en lo que fue la separación de las dos potestades que, en la época pre moderna estuvieron muy unidas: la iglesia y el Estado, en donde mediaba el elemento de legitimación del “derecho divino de los gobernantes”. Elemento éste que va a tener un peso específico en la conformación político constitucional en los Estados latinoamericanos, dada la tradición colonialista que se perpetuará en el esquema de las nacientes repúblicas independientes, ante la carencia de instituciones civiles lo suficientemente extendidas y reconocidas que sirvieran de acicate para generar la unidad nacional, ante lo cual tocó acudir a la religión como fuente de legitimación, con las infortunadas consecuencias para la polarización de los imaginarios políticos cuando se presenta la llegada de las ideas liberales.

Si existe un rasgo que ha convertido al liberalismo en una doctrina novedosa y merecedora del mayor reconocimiento, éste es el referido a su compromiso con los derechos individuales…la visión liberal ha sido habitualmente identificada con el dictado de “declaraciones de derechos"  [además de] la lucha emprendida por muchos liberales con el objeto de separar a la iglesia del Estado: la idea, entiéndase, era la de impedir que algún grupo o mayoría circunstancial impusiera sus propias creencias sobre aquellos individuos que sostenían convicciones diferentes. (Gargarella, 2005, 176)

 Va a ser el triunfo de la razón modernizadora la que va a establecer las bases sobre las cuales se estructure el nuevo modelo de organización política, en donde se retoma la forma de organización política democrática, pero ya en el sentido representativo, que en si mismo se constituye en una traba para el ejercicio de  la autonomía y soberanía política del constituyente primario (el pueblo), puesto que la soberanía pasa a ser ahora de competencia exclusiva del constituyente derivado (el congreso) que, en el deber ser de la estructura política, es el representante de toda la nación y hacia el cual no puede existir, según las normas procedimentales de la democracia, ningún tipo de control ni conexión con aquellos sectores políticos y sociales que decían representar cuando todavía no eran poder efectivo en las instituciones del Estado, se prohíbe el “mandato imperativo”, esto con el objeto de impedir injerencias indebidas en aquellos que son los representantes de toda la nación y que no deben ser los representantes de unos cuantos. Este aspecto se constituye en un problema que la democracia moderna no ha podido superar, el cual resulta  más recurrente en la violación de dicho principio sobremanera en las sociedades latinoamericanas[4].

Hablando de los debates en la Asamblea Constituyente Francesa de 1791, Bobbio destaca el triunfo de quienes defendían que una vez el diputado era elegido se convertía en representante de la nación y ya no en representante de los electores, por lo cual quedaba exento de algún mandato particular “El mandato libre, expresión incuestionable de la soberanía, fue transferido de la soberanía del rey a la soberanía de la asamblea elegida por el pueblo. Desde entonces la prohibición del mandato imperativo se transformó en una regla constante de todas las constituciones de  democracia representativa” (Bobbio, 1996, 31)

Como  reacción frente al excesivo individualismo  y atomización de intereses que fomenta el liberalismo, se presenta una nueva teoría a comienzos del siglo XX, para defender a la comunidad y a la sociedad de cara a los nuevos problemas ético políticos de nuestro tiempo (multiculturalismo, reconocimiento de las diferencias, derechos sociales, etc.) , conformándose de esta manera la filosofía política comunitarista, la cual tiene de presente la prioridad de la comunidad en la definición de los individuos y de la justicia en el sistema político. Los representantes más destacados del comunitarismo (Charles Taylor, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre y Michael Sandel), sustentan la necesidad de replantear a los clásicos del liberalismo desde una perspectiva comunitarista,  que sin abandonar principios liberales como la libertad, la igualdad, los derechos y la justicia, supere la visión individualista en la construcción de un nuevo sujeto social y cooperativo, defendiendo la justicia distributiva y una posición ética, política y económica, en la cual el contexto social es relevante. Se destaca la idea aristotélica del hombre como animal social que no puede auto realizarse por fuera de la comunidad

Para el comunitarismo el individualismo distancia a los sujetos y los deja por fuera de la política, para esta postura el conocer la estructura permite conocer las potencialidades humanas y  saber cómo realizarlas; la estructura permite también establecer los principios de la justicia distributiva, que pueden ser diferentes en diversos momentos de la historia de una misma sociedad o para sociedades diferentes. Para un sistema político democrático es importante ser considerado como un bien social y no solo el instrumento de la realización de fines e intereses particulares; aquí el conocimiento de las necesidades reales de la sociedad es fundamental para la redistribución, descentralización o autogestión de los recursos. Es evidente que en las democracias modernas son los grupos y no los individuos los actores fundamentales del quehacer político, de allí que sea primordial tener en cuenta la diversidad de grupos existentes dentro de una sociedad para determinar las políticas que permitan el desarrollo armónico de la misma.

Uno de los aspectos más destacados en las discusión entre el liberalismo y el comunitarismo es el de la autodeterminación del sujeto y la neutralidad del Estado frente a ella, que permita los mayores niveles del desarrollo de la libertad que para los primeros adquiere su peso específico en la ejecución  de los diferentes proyectos de vida buena que quieran llevar a cabo los individuos, debiendo contar con libertades y derechos que hagan posible dirigir sus vidas acorde con sus preferencias; los segundos por su parte, proponen la implementación de una política del bien común, en donde el Estado debe alentar las formas de vida correctas y desalentar las equivocadas, aquí la valoración de la comunidad adquiere preponderancia en la determinación del sujeto, “la forma de vida de la comunidad constituye la base para una valoración social de las concepciones de lo bueno, y la importancia que se concede a las preferencias de un individuo depende del grado en que dicha persona se adecue o contribuya a este bien común”, (KIMLICKA, 1995, 228).  Así pues, la pretendida neutralidad del Estado liberal no podría presentarse en su totalidad, puesto que el ideal de comunidad estaría en la base de su deber ser.

Si analizamos la realidad sociopolítica de los pueblos latinoamericanos y en particular el nuestro, en donde los niveles de desigualdad y discriminación han sido altos desde el comienzo de la historia, observamos que en el tiempo presente se hacen cada vez más evidentes las demandas de los grupos subalternos, que han sido obviados del reconocimiento de derechos y libertades en el contexto del sistema político, que si bien se sustenta en una política liberal, también es cierto que el reconocimiento y el respeto hacia muchos sectores de población y en diferentes contextos ha sido demasiado tardía y se ha presentado de manera tortuosa y difícil, en algunos casos violenta, dado el complejo carácter que tiene la conformación de la unidad política, en especial en aquellos lugares en donde se han mantenido significativos niveles de desigualdad social, política y económica. En el peor de los casos el reconocimiento no se ha presentado todavía o, si se ha dado, este es de carácter parcial. En gran medida el liberalismo ha fracasado en el tratamiento que le da a las identidades colectivas, que pese a todo se han mantenido al interior del corpus social, pero que de hecho han sido invisibilizados, privados de derechos y de posibilidades reales de ascenso socio económico y reconocimiento político. A pesar de que el mundo de hoy es evidentemente multicultural, siguen prosperando posturas que asumen los fundamentalismos religiosos o nacionalistas, amén de los conflictos causados por las migraciones entre países y los conflictos étnicos, que marcan el rechazo hacia el diferente y causan que al interior del corpus social,  se presente el no reconocimiento y el ejercicio de la violencia con el diferente.

El individualismo moderno es, sin lugar a dudas, “posesivo”. El sentimiento hacia la propiedad individual se agudiza y se hace excluyente con la prosperidad. Cuesta aceptar lo que es distinto, esa diversidad que hemos venido en llamar “cultural”. No aceptamos que se adore a dioses que no son los nuestros, que las costumbres ajenas se mezclen con las nuestras, que lo inusual pase a ser legítimo y normal, que otros invadan el terreno que nos pertenece a nosotros y no a ellos, que nos arrebaten el poder que nosotros conquistamos. De algún modo no queremos reconocer que somos iguales, pese a que, desde hace por lo menos cuatro siglos la máxima “todos los hombres son iguales” ha sido el punto de partida de muchos otros derechos aceptados.  (CAMPS, 2002, 263).

       En la sociedad contemporánea, en donde supuestamente se ha trasegado en la construcción de un comunidad más humana, sobre la base de los principios de libertad igualdad y fraternidad, el respeto por las diferencias de todos los seres humanos y el reconocimiento de un ámbito multicultural, todavía siguen prosperando, merced al desarrollo del individualismo posesivo, posturas que tienden a la exclusión y discriminación de aquellos sectores conservan ciertas diferencias dentro de la estructura; a pesar de la secularización de las relaciones prosiguen los enfrentamientos religiosos y en consecuencia las luchas por  alcanzar el debido reconocimiento.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA NACIONAL

Los problemas actuales de la democracia en Colombia respecto al funcionamiento de sistema político, particularmente de los actores que ocupan los altos cargos de poder y su vocación de servicio en la defensa de los intereses generales y, de otra parte,  al reconocimiento e inclusión de amplias capas de la población, con relación a su participación política, se derivan desde la misma conformación política constitucional y a la cultura política imperante de marcada tendencia elitista, blanca, machista, católica, bipartidista, con unos medios de socialización puestos al servicio de la reproducción de un sistema que se perpetúa en el tiempo y que utiliza la violencia para no permitir una transición democrática; no obstante, los movimientos sociales han trabajado en la vía de superar dicha situación y a finales del siglo XX se logra de manera formal un cambio que va en la vía visibilizar los actores que no habían tenido la posibilidad de participación política, con lo cual se  abren los marcos de un sistema más plural y más amplio, que podría desembocar en la construcción republicana que tanto necesita nuestro país.

La concepción del pueblo propia de las élites políticas colombianas, ha tendido históricamente  y sobre todo en el siglo XX, a ser peyorativa. Una visión marcadamente jerárquica de la sociedad les ha llevado a diferenciarse tajantemente de lo popular, de las “clases inferiores”, sobre las cuales se sienten llamadas a ejercer una tutela espiritual. Las élites colombianas se han considerado a sí mismas como depositarias únicas de los valores de la tolerancia, de la mesura, de la razón, es decir, de la “civilización”. Con el pueblo se asocian en esta visión el desborde de las pasiones, el caos, la anarquía y la incivilización. (LOPEZ DE LA ROCHE, 1990, 147 Y 148).

En el caso de los países latinoamericanos y en Colombia en particular  cuyo objeto es el tema central de la reflexión que se desarrolla aquí, se observa que, además de los elementos señalados por Victoria Camps, que hacen parte de la cultura que se genera al interior del sistema socioeconómico y político, merced al modelo que se configura como dominante en el escenario de las sociedades occidentales modernas; para nuestro caso, en el ejercicio del poder del Estado, se han enquistado sectores elitistas que han actuado bajo los registros de sus intereses particulares, sin permitir la inclusión y reconocimiento de amplios sectores de la población, que debido a la evolución política e histórica particular que han vivido las diferentes las sociedades, se han mantenido como grupos o sectores sociales subordinados, que poco o nada han sido tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones o al momento de configurar el desarrollo de políticas públicas que tiendan en su beneficio y más bien el reconocimiento de sus derechos ha tenido que pasar por una ardua lucha que en el peor de los casos ha conllevado al socavamiento estéril de la población.

Las dos últimas décadas del siglo XX en Colombia han estado marcadas por la implementación de dos grandes  procesos que van a transformar la estructura económica y política de la sociedad y de la organización jurídico política: por una parte se efectúa un cambio en el manejo económico del Estado, respecto al modelo que venía implementándose, el cual propende por la liberalización de los mercados a través de la apertura económica, con miras a que el país entrara en la era de la globalización; por otra parte, se gesta, merced a las coyunturas por las cuales atraviesa el país, un cambio en nuestro ordenamiento constitucional, el cual va a tener una característica bastante sui géneris, que se aparta de la tradicional manera a través de la cual históricamente se han implementado los mismos, esta es la primera vez que la sociedad civil en pleno participa en la elaboración del nuevo texto constitucional, sin que sean exclusivamente las élites  políticas y económicas las que vayan a determinar los destinos en el nuevo ordenamiento, este elemento da pie a una activa participación de diferentes sectores de la sociedad civil: académicos, estudiantiles, sindicales, indígenas, negritudes, grupos guerrilleros recién desmovilizados, además de los tradicionales partidos políticos, gremios económicos, la iglesia y otros, lo que necesariamente le imprime un sello particularmente democratizador e incluyente a la estructuración de los procesos políticos de la sociedad colombiana en las postrimerías del siglo pasado, aunque en esto habría que tener en cuenta el peso de la tradición, en lo que se refiere a la cultura política imperante y al papel de las élites en la perpetuación de la estructura que favorece solo sus intereses.

Si bien la iniciativa del cambio constitucional no partió de las élites políticas gubernamentales, sino de los sectores estudiantiles de las universidades privadas con el acicate del álgido periodo de crisis de gobernabilidad y justicia por la que atravesaba el país, si se operó por la parte gubernamental el impulso y organización de la participación de los diferentes sectores sociales constituidos de la sociedad civil, que desde hacía mucho venían reclamando espacios de participación y concertación, que ahora se veían expeditos y que posibilitó que las voces de aquellos sectores olvidados y marginados históricamente pudieran ahora hacer sentir su voz, ser  escuchados y tenidos en cuenta, su participación fue muy significativa y los constituyentes elegidos tuvieron en cuenta muchas de sus propuestas, llama especialmente la atención el alto número de personas que como individuos participaron en el proceso, lo que evidencia que el ciudadano del común estaba interesado en los procesos de cambio políticos que se estaban gestando, al respecto anota Carlos Efrén Agudelo.

Colombia pues entraba en un “periodo constitucional”. Para los grupos de la sociedad que venían reclamando participación y soluciones a los problemas nacionales se presentaba la posibilidad de contar con un espacio de concertación con poder decisorio. En el país se activaron debates, foros, reuniones y asambleas impulsados fundamentalmente por el gobierno y organismos no gubernamentales que tenían como bandera prioritaria la necesidad de abrir a todas las expresiones políticas y sociales mecanismos de participación en la gestión de los asuntos públicos de orden local, regional y nacional.(AGUDELO, 2001, 7)[5]

Antes de abordar la problemática de lo que ha sido el cambio constitucional de 1991, se hace necesario, merced a lo señalado anteriormente, efectuar una mirada retrospectiva, que nos permita evaluar el peso de la tradición que nos define políticamente y que, en consecuencia, determina nuestro posicionamiento ciudadano frente a las instituciones y al Estado y que hace que los nuevos cambios que se pretendan hacer en la estructura, no se consoliden de una manera definida y/o no operen, y sea el continuismo el que sigua imperando en la “evolución” de nuestro sistema político. Es precisamente nuestro acontecer histórico: colonial, independentista y republicano el que ha modelado la manera a través de la cual se va a estructurar la cultura política nacional[6], en la que se determinan posicionamientos que explican en gran medida el comportamiento de los ciudadanos para con  la estructura política y las instituciones y el particular esquema de coexistencia de períodos de orden y violencia en el devenir de nuestra historia, en los cuales los derechos siempre han sido impugnados por los sectores sociales subalternos y donde por lo general persistentemente ha existido el recurso del uso de la violencia como mecanismo de participación política por un lado y por el otro de la conservación de las posiciones de privilegio.

Para el análisis del caso colombiano, en lo que se refiere a la construcción de la superestructura política o Estado, debemos considerar que ésta reviste una caracterización diferente respecto al ideal, ocasionado por la manera y por los intereses que la conducen y determinan, pues si se considera que el deber ser o ideal del Estado es la defensa de los intereses generales,  dentro de los marcos de una política liberal que permita el desarrollo de las libertades y derechos políticos y jurídicos necesarios para que los diferentes proyectos de vida de La población puedan llevarse a cabo; para nuestro caso nos encontramos con un modelo de conformación en el cual el desarrollo de la estructura va a contar con la instalación de unos intereses elitistas particulares que se van a demandar para sí la representación de la nación y que van a establecer una estructura excluyente para con aquellos sectores sociales subordinados, además de lo socioeconómico, también políticamente. Esta situación necesariamente va a repercutir sobre las bases que estructuran el comportamiento político de los ciudadanos del común y su relación con las leyes e instituciones. En este sentido, el abordaje para la caracterización de la cultura política nacional debe partir del análisis sobre aquellos elementos que, en la historia política de nuestro país, marcan las continuidades  que apuntan  a la consolidación de determinados comportamientos políticos, interiorizando en el imaginario de la población actitudes que tienden a la estabilidad del sistema político imperante. Las discontinuidades  se presentan en lo fundamental, en aquellos momentos de álgidas coyunturas que desbordan los marcos del sistema político  establecido y que hacen necesaria una readecuación del ordenamiento jurídico político, que posibilite la superación de las desavenencias. Todos estos elementos se respaldan y repercuten sobre las bases en las cuales se sustenta la cultura política nacional.

El carácter elitista de la formación del Estado o de nuestra superestructura política (Estado e instituciones), ha calado en el imaginario de los colombianos determinando que, a pesar de los cambios que desde abajo se han propiciado en diferentes momentos de nuestra historia, no operen los mecanismos que procuran estructurar una transformación de la tradicional cultura política y sigamos inmersos en unas constantes estructurales caracterizadas por los esquemas de: polarización, apatía, continuismo, satanización del adversario político y la prosecución del recurso a la eliminación del contrario. No  obstante, con el trascendental cambio que se opera en el contexto político en la última década del siglo XX, las puertas están abiertas a la estructuración de una cultura política participativa, incluyente, republicana y respetuosa de las diferencias, aunque habría que reconocer que ésta todavía está por construir

Si decimos que la formación política en Colombia es de carácter elitista, es conveniente especificar lo que entendemos por élite, para ello se retoma el concepto aportado por Wright Mills “… la élite es una serie de altos círculos cuyos miembros son seleccionados, preparados y certificados, y a quienes se les permite el acceso íntimo a los que mandan las jerarquías institucionales impersonales de la sociedad moderna”. (Mills, 1.975, 52) Visto de esta forma, se puede considerar que dicha élite se conforma y se estructura aparte del común de la sociedad y crea sus propios mecanismos de reproducción que garanticen su permanencia en el poder y a la vez condiciona, desde su mismo estatus político y económico, a la generalidad de la población, que no participa directamente en la toma de decisiones, estableciéndose un nexo entre dos de lo que podríamos llamar culturas políticas: la de élite y la de masas, en donde la segunda queda supeditada a la primera y a las orientaciones que ésta quiera darle al devenir de los acontecimientos políticos. Aun así, en el comienzo de nuestra formación como república encontramos que, respecto a la conformación elitista de la sociedad y del Estado, en nuestro país no se presentó un acuerdo entre las élites referente al sistema político que se debía establecer en el país, puesto que cada sector proseguía el derrotero de sus intereses particulares, en donde no había cabida para los intereses generales

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Los estudios efectuados sobre la historia política constitucional, no conllevan per se a la identificación de la cultura política, pero sí se constituyen en el punto de partida y de referencia para efectuarla; por ello se hace necesario realizar un análisis de la historia política nacional para identificar la configuración de nuestra cultura política nacional o al menos establecer las constantes estructurales de la misma.

LOS DESACUERDOS ELITISTAS

Si bien es cierto que la caracterización política puede iniciarse a partir de la época hispánica, con el subsecuente proceso de dominación colonial e imposición cultural, nos parece más pertinente abordarla a partir de la época pos independentista, porque es allí en donde empieza a configurarse un sistema político “nacional”, con todos los tropiezos y dificultades que se presentan, en donde median un espectro de intereses contrapuestos, sin la intromisión impositiva de una metrópoli. Es en la época de la primera independencia, década de 1.810, cuando comienza  a estructurarse un sistema político dominado por élites regionales, entre las cuales existían vínculos de parentesco, aunque con el agravante de la inexistencia de un consenso, con relación al modelo político organizativo que debería instaurarse en el territorio, situación que obedece a los intereses económicos confrontados, en donde: por un lado estaban los comerciantes, para quienes era de vital importancia  el establecimiento de un régimen centralizado que ayudara a la configuración de un mercado con visos nacionales, en donde los productos y mercancías regionales pudieran entrar en un concierto económico ampliado, con mayores posibilidades de desarrollo, todo ello gestionado por una administración central, con capacidad de convocatoria y con una mando efectivo en todo el territorio nacional. En contraposición a lo anterior se encuentra otra corriente económica, que aboga por el establecimiento de un régimen político federal, este sustentado por aquellos hacendados que habían logrado a nivel regional, configurar un sistema de dominación, en el cual ellos y sus familias eran los detentadores tanto del poder económico como del poder político, constituyéndose en élites regionales que atomizaban el espectro de mando y de autoridad efectiva en todo el territorio.

 Un derecho y una administración centralizada han sido en todo tiempo y lugar necesidades mercantiles. Lo eran también para los comerciantes de Santa Fe, uno de cuyos representantes es Antonio Nariño… Al contrario, los intereses y las normas de conducta de los hacendados los impulsaron hacia la búsqueda de las autonomías provinciales, que les garantizaban el control de la vida política local, ya sin el embarazo de las gentes y oficiales del rey. (Guillén Martínez, 1.979, 267)

En consecuencia, se puede decir que el establecimiento de nuestro sistema político[7], en los comienzos de la república, se inicia  con el enfrentamiento entre poderosas posturas económicas, quienes a partir de sus intereses y de su estatus, pugnan por el establecimiento de un modelo político acorde con los mismos, aquí la figura del pueblo o la defensa de los intereses  generales no aparece como gestora de alguna iniciativa de carácter político, sino que se mantiene sometida a las posibles iniciativas que pueden generar las élites o “patrones”, quienes además poseen el dominio de la cultura y tienen el suficiente poder económico como para plantearse en los artífices y directores de la construcción política nacional.

En este sentido podría hablarse de una cultura política de élite, detentadora del poder económico, social y cultural, que defiende un proyecto político acorde con sus intereses, en el que no hay acuerdo; mientras que la cultura política de masas o popular, permanece a la deriva, sujeta a los vaivenes que quiera imponerle el liderazgo de élite, que, para nuestro caso particular, se divide en dos vertientes: las centralista y la federalista, en las cuales se involucran intereses económicos particulares, que se acompañan de vínculos de compadrazgo y parentesco, muy presentes en la sociedad santafereña , a lo cual no escapan las oligarquías regionales, creando una serie de altos círculos cuya unidad radica en dos factores: la economía y la sangre y cuya proyección política no tiene otro objetivo que establecer un sistema político que propenda por la defensa de sus intereses. Para la sociedad neogranadina Guillen Martínez anota que “los vínculos de compadrazgo y parentesco político asociaban a las oligarquías latifundistas de Cúcuta, de Popayán o de Tunja, con los magnates santafereños que ocupaban la posición central en esa red de poder social”. (GUILLÉN MARTINEZ, 1.979, 282).

Visto de esta forma, la cultura política que se empieza a forjar en los comienzos de nuestra vida independiente, tiene un sello particularmente elitista y excluyente que separaba e impedía cualquier injerencia de los sectores sociales subalternos en los asuntos de la toma de decisiones, pues eran personas iletradas, carentes de medios económicos de supervivencia y considerados “inferiores”, por ello en las constituciones de todo el siglo XIX se crearon requisitos de ciudadanía referidos fundamentalmente estar en la condición de libertad, saber leer y escribir, ser propietario y tener una renta anual[8], lo que de hecho excluía al grueso de la población y restringía la participación a una mínima parte de la misma.

Observando este elemento en perspectiva para el siglo siguiente, podemos anotar que esta situación se perpetúa en su sentido discriminatorio hacia la población popular, así se aprecia en un discurso pronunciado en el teatro municipal de Bogotá en el año 1928  por el doctor Laureano Gómez, que luego sería presidente del país y firmante del pacto de Benidorm junto con Alberto Lleras, que le daría vida al Frente Nacional, refiriéndose a las nefastas consecuencias del  mestizaje para los pueblos latino americanos, luego publicados con el título “Interrogantes sobre el progreso de Colombia”.

El mestizo primario no constituye un elemento utilizable para la unidad política y económica de América; conserva demasiado los defectos indígenas; es falso, servil. Abandonado y repugna todo esfuerzo y trabajo. Solo en los cruces sucesivos de estos mestizos primarios con europeos se manifiesta la fuerza de caracteres adquirida del blanco … El espíritu del negro, rudimentario e informe, como que permanece en una perpetua infantilidad … el prodigioso don de mentir es la manifestación de esa falsa imagen de las cosas, de la ofuscación que le produce el espectáculo del mundo … la otra raza salvaje, la raza indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra civilización, ha transmitido a sus descendientes el pavor de se vencimiento.  (Martín Barbero y López de la Roche, 1.998, 124 y 125)

En una sociedad cuyos líderes y dirigentes políticos tienen esa mirada sobre la composición social y sobre el papel que puede desempeñar en la construcción política, es poco lo que se puede avanzar en la formación de una comunidad organizada sobre la base del respeto y el reconocimiento.

EL PATRIOTISMO

Hay que destacar que dentro del proceso de construcción política independentista y pos independentista existe una alta dosis de patriotismo, el cual actúa en el imaginario político popular como un elemento catalizador y aglutinante, en torno de los líderes de élite, quienes les identifican algo que es muy importante en el desarrollo del proceso revolucionario: La existencia de un enemigo externo: el dominio monárquico español, y de un enemigo interno: los agentes del primero en nuestro territorio. Ese fue el nutrimento revolucionario y primer elemento identificatorio en el desarrollo de la estructuración de la cultura política “nacional”, bajo un modelo de exclusión política, social y económica de los intereses de las clases bajas, quienes desarrollan sentimientos de subordinación, adscripción y obediencia  hacia los grupos directores, quienes a su vez eran sus patrones o amos.

Resulta interesante observar cómo en ese proceso de construcción política, las reivindicaciones populares o al menos la defensa de los intereses generales,  son subsumidos en un discurso patriotero, que para nada redime su situación, pero que funciona perfectamente en el imaginario político de la base y coadyuva  al ulterior triunfo político de la élite. La perpetuación de este esquema ideológico, sustentatorio de las bases sobre las cuales se empieza a construir el imaginario político de los colombianos, se observa en lo que fue la historiografía colombiana  a finales del siglo XIX y en gran parte del siglo XX, dominada por el estímulo del patriotismo y de la idealización de los personajes, resaltando sus virtudes y cualidades -  son personajes de élite -, un claro ejemplo lo tenemos en la “Historia de Colombia” de Henao y Arrubla[9], el cual sirvió de texto obligado en la enseñanza de escuelas y colegios.

En consecuencia, a nivel de la educación  se observa claramente cómo ese segundo elemento que ayuda a estructurar la cultura nacional, y entre ella a la cultura política, lo hace alrededor de la idealización de los líderes patriotas –  sobre quienes recae el inicio de la construcción de la república -. Este elemento va a tener un refuerzo en gran parte del siglo XX, representado en otro aspecto: obsérvese cómo en los billetes del papel moneda de gran parte del siglo pasado se representaban a los padres fundadores de la república y de la gesta independentista , tan solo en una moneda de muy baja denominación se apreciaba la figura de un indígena. El desarrollo de una política del reconocimiento hacia los sectores excluidos de la población, al menos en lo que se refiere al papel moneda, se presenta de manera tardía, cuando aparece la imagen de una indígena Embera. Es sólo en las últimas décadas del siglo XX, cuando se implementa otra corriente de interpretación teórica en el desarrollo de la historia, la Escuela de Annales, por influencia de Marc Bloch, Lucien Fevre, Fernand Braudel y Pierre Vilar, en procura de establecer un sistema más analítico y crítico en el estudio de la historia, que tomara distancia del etnocentrismo tradicional e incluyera el estudio de nuevos factores relevantes de la población, sustentando el desarrollo de la historia de “larga duración” que hiciera posible una mirada retrospectiva que analizara los elementos no incluidos, esta corriente da sus frutos en Colombia en las décadas del 70 y 80, con su difusión en las universidades Nacional, de Antioquia y del Valle.

Otro elemento que refuerza lo que podríamos llamar el patriotismo, en la predisposición para la actuación y el entendimiento de la realidad política, se ve reflejado en la simbología de identificación y unificación nacional, representada en nuestro himno, el cual resalta a la manera de epopeya la gesta independentista, exaltando las figuras patriotas y a los padres fundadores, muy bien representados en el color rojo de nuestra bandera. El día de la independencia como el comienzo mítico del Estado “nacional” aparece aquí como la fuente de legitimación ideológica en la construcción del mismo, que ante la carencia de instituciones y autoridades suficientemente legítimas sobre las cuales sustentarlo, crea entonces toda una atmósfera de identificación emocional, reforzada por la retórica del patriotismo, la glorificación del pasado nacional y el culto a los padres fundadores de la república, elementos estos que se constituyen en el acicate para la construcción del andamiaje constitucional colombiano y base sustentatoria de identificación, que unifica elementos aún contradictorios.

Si la práctica estatal cotidiana resulta ineficaz ante las expectativas y necesidades del pueblo, el gobierno apela entonces a la retórica del patriotismo para generar así una atmósfera de identificación emocional con los padres fundadores dentro de la cual las contradicciones y los problemas de hoy  pueden ser transferidos del nivel de la realidad al nivel de la ideología despojados así de todo su potencial bélico. (VALENCIA VILLA, 1987, 57)

EL CONFESIONALISMO

El confesionalismo o papel de la iglesia  en el desarrollo del acontecer político nacional es otro de los elementos  que se pueden señalar como constantes estructurales en la formación de nuestra cultura política.  Es la iglesia católica la única institución que tiene el suficiente reconocimiento y autoridad en toda la población, además de presencia en todo el territorio, a ella, desde la época colonial se le delegó la facultad de educar y difundir la “verdadera fe”, encargo que también le siguió siendo hecho en el periodo republicano, es una institución con el suficiente dominio económico, ideológico y gran influencia política como para ser tenido en cuenta en la formación de la unidad nacional.

Para el periodo histórico independentista, el bajo clero se encuentra ligado a los intereses hacendatarios, situación que se perpetuará en el futuro, ayudando a entronizar de una manera más efectiva la ideología y los lineamientos de élite en las masas, en otras palabras, la iglesia vehiculó la transmisión de los valores sustentatorios de la cultura política en formación y difundió los elementos que identificaban y hacían causa común en la lucha contra el sistema colonial y por el fortalecimiento de un nuevo modelo político, que en nada se diferenciaría para las masas del modelo precedente, salvo en el cambio de élite política dominante. A pesar de que las coordenadas de la construcción del nuevo sistema de sociedad, van a tener, en un ala del mismo, un sentido secular. Con relación a este punto podría decirse que La  iglesia católica no corre peligro alguno, porque dicha institución ha tenido y tiene una posición de dominio y hace parte de la urdimbre en la estructura social, política e ideológica y son muchos los réditos que puede seguir obteniendo con un cambio que ya no puede postergarse.

El clero bajo de la región resulta comprensiblemente asociado con la causa de los hacendados, toda vez que la iglesia y los eclesiásticos representaban, en este modelo social, una función subordinada estrechamente ligada a las pautas y normas que permiten la pirámide social de la hacienda…las casas curales se convirtieron en los centros nerviosos que condujeron la rebelión desde la cima hasta la base popular. (GUILLÉN MARTINEZ, 1.979, 285)

Era, a través de la iglesia, la vía más expedita para lograr que el pueblo interiorizara aquellos elementos que las élites criollas necesitaban desarrollar en el mismo[10]. Una vez consolidado el proceso de la independencia se firma la ley del patronato eclesiástico, el 28 de julio de 1.824, el cual le otorga a la iglesia católica la prerrogativa dominante del adoctrinamiento y de la conducción de la educación , amén de todas los privilegios de carácter económico y social que se le conceden; la excepción de esta especie de unificación de la iglesia y el Estado (característica pre moderna) se presentó en el régimen federal (1.853 – 1886), cuando se produjo la separación de las dos potestades (característica moderna), desde el punto de vista de una postura liberalizante y laica del Estado. Sin embargo, con el triunfo del movimiento regenerador, en el año de 1.887, se suscribió un concordato entre el gobierno colombiano y la santa sede, restaurando los privilegios que le habían sido quitados a la iglesia, dándole al catolicismo la preeminencia de religión oficial del Estado. “El concordato asegura al Estado colombiano el servicio obsecuente, constante, ubicuo, eficaz e incansable del clero colombiano como agente socializador, portador de los viejos valores “hacendatarios” en un medio social que cambia y amenaza con la desintegración de su modelo” (GUILLÉN MARTINEZ, 1.986, 93)[11] ; incluso se apela a un principio legitimador del poder político de carácter feudal, cual es la sanción divina del poder político tal y como reza en el preámbulo de la constitución de 1.886 “Dios como fuente suprema de toda autoridad…”

El papel dominante de la iglesia en el escenario de construcción nacional  va a tener un peso específico en la estructuración de los sistemas políticos constitucionales latinoamericanos y va a marcar una ruta particular en el derrotero de los acontecimientos políticos y en las adscripciones políticas de los ciudadanos. No obstante, para el análisis del caso latinoamericano, y en particular de nuestro país, es preciso señalar algunos obstáculos que han determinado evoluciones sui géneris  que dificultan en gran medida el funcionamiento de un régimen político republicano[12], particularmente referido a las circunstancias históricas que se presentan a finales del siglo pasado, cuando se efectúa la reforma política que cambia el estatuto constitucional de mayor duración y estabilidad en el país, en el cual se presentan condiciones formales para la construcción de un país políticamente diferente.

La ingerencia de la iglesia en los asuntos estatales, y especialmente en el manejo de la educación, es un elemento que incide directamente en la cultura y en el comportamiento político de los colombianos, dado que la iglesia, desde los mediados del siglo XIX, se alindera  con una de los partidos políticos más tradicionalistas de la sociedad y enfila baterías en contra del establecimiento de un sistema sociopolítico más liberal, además actúa como elemento socializador dominante, con suficiente reconocimiento estatal y social, como para que la población pueda poner en tela de juicio las enseñanzas que imparte y el adoctrinamiento que impone.

Una de las principales fallas de las medidas tendientes a la modernización del país y al progreso nacional, con los principios doctrinarios del Olimpo radical en los mediados del siglo XIX, en el sentido de secularizar las relaciones políticas, fue el no tener en cuenta el enorme peso de la tradición de la ortodoxia católica en el imaginario político de los colombianos, lo que dio como resultado la polarización de las posiciones, capitalizadas por ambos bandos partidistas, y que desembocó en el socavamiento  estéril de la población y en la no consecución del consenso y unificación nacionales, antes por el contrario se generalizó el espíritu de intolerancia, la exacerbación de los ánimos y la desunión. Así pues, el proceso de formación de una conciencia laica chocó con  el fuerte peso de la ortodoxia eclesiástica en la vida social y espiritual de la población, que repercute, como ya se había anotado antes, en el alinderamiento político de los colombianos. “La principal carencia histórica del liberalismo radical consistía en que, al no contemplar en sus elaboraciones constitucionales ni en el desarrollo práctico de su política los factores reales de poder, había sido incapaz de elaborar una propuesta conducente a la estabilidad, la paz y la unidad nacional” (LOPEZ DE LA ROCHE, 1.990. 106).

El sentido de la propuesta liberal no podía ser entendido dado el contexto de la época, en el cual la posición de dominio siempre había sido del sector conservadurista que veía con recelo la introducción de elementos con los cuales consideraban  podía peligrar la posición de estatus que siempre habían detentado, además, el reconocimiento de  derechos hacia sectores subalternos que podrían entrar a competir y a ganar espacio en la ya de por sí estructura socio política elitista y excluyente. Actualmente el liberalismo se ha convertido en una doctrina de gran reconocimiento, pero el triunfo de sus ideales ha tenido que combatir en diferentes escenarios y de manera especial en el ámbito latinoamericano, en donde el peso de la ortodoxia católica en unidad con los sectores conservadores y tradicionalistas de la sociedad, ha frenado en gran medida el establecimiento de sus principios.

La conformación de las dos culturas políticas partidistas en nuestro país en el siglo XIX, las que han definido políticamente a los colombianos y han marcado el derrotero de sus vidas y de la historia de la nación, estuvo mediatizada por el espíritu religioso y la confrontación permanente. El artífice de la paz oligárquica, Rafael Núñez, inició el proceso de centralización política y descentralización administrativa a finales de ese siglo, en aras del logro de la unidad nacional, de hecho resolvió el problema del enfrentamiento elitista con relación al sistema político (centralistas versus federalistas), pero no logró zanjar las dificultades violentas entre liberales y conservadores, antes por el contrario entregó el sistema educativo al ultramontanismo, con todas las implicaciones nocivas que proyecta en la formación del hombre colombiano, en un ambiente doctrinario y confesional, que cubre la mayor parte del siglo XX[13].

Al no existir elementos sobre los cuales estructurar un proyecto de unificación nacional, en 1886, en la construcción de la constitución política de mayor duración del país, se apela a la religión como manera de crear y refrendar nuevos vínculos de la sociedad civil con el Estado en formación. Solamente la iglesia era la única institución que tenía presencia en todo el territorio nacional y la única con las suficientes bases ideológicas y de legitimación – que perpetúa a través del proceso de socialización educativa y moral que le fue encargado- esto hizo que fuera prácticamente inevitable su mediación en muchos de los asuntos del Estado[14].

El proyecto de modernización y formación de una conciencia laica, en lo que se refiere a los asuntos estatales, quedó postergado. La Regeneración actuó como barrera contenedora de los nuevos cambios y,  pesar de que en la República Liberal en el siglo siguiente se emprendieran una serie de reformas que contemplaban principios modernizadores, el peso de la tradición que lideró el conservatismo, no permitió que el proceso fuera ejecutado y más bien la coyuntura sirvió de acicate para revivir los viejos odios que, a mediados del siglo XX llegaron a una polarización tal que desencadenó la ola de violencia más catastrófica del país. Obviamente en ello ayudó enormemente el medio socializador de la época, cargado de autoritarismo, intolerancia, resentimiento y desconfianza.

La falta de ese espíritu de tolerancia y convivencia civilizada, el no respeto por el otro o el diferente ha calado en la adscripción política del hombre colombiano desde los mediados del siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX, creando un juego de imágenes y contraimágenes en la manera de ver a sus adversarios, lo que Fernán González llama comunidad imaginada, destacando las representaciones que tenían las vertientes partidistas antes del establecimiento del Frente Nacional, que terminó con la polarización, dando pie a otra forma de relación política. “Los liberales se describen a sí mismos como los verdaderos colombianos y los amigos del progreso, mientras que dibujan a los conservadores como godos… o serviles… por su parte los liberales son descritos por los conservadores como rojos y libertinos… mientras que se ven a sí mismos como la gente honesta y sensata de la nación”[15] (GONZÁLEZ, Fernán, 1.978, 21 y 22).

El forjamiento de la cultura política nacional se dio desde el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX al calor de la contienda: modernidad secularizadora versus continuismo de dominación oligárquico-tradicionalista; espíritu laico liberalizante versus espíritu ultramontano, conservador y dogmático. Posiciones éstas que polarizan las actividades políticas y desarrollan adhesiones cuasi-religiosas de la población hacia los partidos políticos que actúan como entes de identidad colectiva creando solidaridades socio políticas que se expresan simbólica o ritualmente. Si bien es cierto que este espíritu ya no hace parte del entramado de relaciones políticas entre los ciudadanos colombianos, también es cierto que todavía acudimos a las secuelas de lo mismo.

Es tal el peso que tiene el confesionalismo que, pese al reconocimiento de la libertad de cultos y de la pluralidad étnica y cultural del país  en la nueva constitución política de Colombia de 1.991, siguen existiendo posturas que actúan en el imaginario de los colombianos, respecto de la manera de hacer política y del desarrollo de la misma en la sociedad desde una óptica doctrinaria. En el titular de la primera página del periódico El Tiempo del 16 de mayo del 2.010 se lee “Y Dios entró a la campaña electoral”, nota referida a la descalificación que se hace de un candidato a la presidencia de la república, Antanas Mockus, porque alguna vez manifestó en una entrevista que no era creyente del culto católico, elemento este que cuenta significativamente a la hora de la elección, a tal punto que señala el diario “El papel que la religión juega en el imaginario colectivo colombiano es evidente, por décadas ha sido una de las instituciones más respetadas… [y que según una encuesta divulgada el 6 de mayo del mismo año se establece que] la iglesia católica es la octava en favorabilidad ente los colombianos, por encima de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso entre otros”[16]; es decir que por encima de la institucionalidad del Estado se encuentra la institución eclesiástica y el forjamiento de la misma en la comprensión del entorno político, pues son muchos los siglos a través de los cuales ésta ha tenido el dominio y la exclusividad en la formación del ciudadano colombiano, con una alta carga de intolerancia hacia aquellos sectores que consideraba peligrosos hacia su ortodoxia.

INTEGRACIÓN POLÍTICA: MODELO DE EXCLUSIÓN

Es conveniente especificar que tanto para la primera como para la segunda independencia: 1.810 y 1.819, al comienzo de nuestra institucionalidad como Estado independiente, fue bastante difícil lograr la integración nacional  de los diferentes sectores de la sociedad, dado el alto nivel de heterogeneidad racial, la estratificación demográfica y la ausencia de derechos sociales y políticos para un grueso de la población, además de las diferencias de riqueza y poder en las diversas regiones de la geografía nacional, con el agravante de las barreras naturales que incomunicaban las provincias. En el proceso independentista, la guerra fue el elemento integrador de los pueblos del subcontinente, alrededor de  un objetivo común: la expulsión de los españoles del territorio americano; pero, una vez terminada la guerra, el ejército bolivariano pierde su carácter nodal integracionista, y es a partir de aquí cuando se despliegan las pugnas que al interior de las élites  se desatan entre civilistas y guerreristas y entre centralistas y federalistas y, ante la poca eficacia del ejército como estructura de poder, se abren los marcos necesarios para ejecutar una política de sustentación jurídica sobre el nuevo orden que debe imperar en la naciente república.

En las sociedades hispanoamericanas de comienzos del siglo XIX, dado su alto nivel de heterogeneidad y jerarquización socio política y económica, resultó muy difícil  encontrar una nación unificada sobre la cual construir y estructurar un Estado conforme a las características de la misma; se hizo necesario entonces, copiar formas europeas y norteamericanas  de Estado Nacional y Democracia Constitucional, a fin de imponer la unidad nacional, el orden político y la estabilidad legal. Para el caso colombiano se hizo fusionando la tradición rousseauniana de Bolívar, con el legalismo Benthamiano de Santander[17]. Todo ello  ayudado por las ideas de republicanismo y democracia representativa que dominaba el ambiente prerrevolucionario independentista y que constituían la mitología política de esos tiempos, gravitantes en torno a París y Filadelfia y con las cuales tenía contacto la aristocracia criolla territorial y comerciante.

La construcción de la superestructura política en nuestro país reviste una característica que comparte con el resto de Latinoamérica, en el sentido de ser una construcción de carácter vertical y elitista, en donde no media ninguna participación y reconocimiento hacia amplios sectores de la población, antes por el contrario se legitima la dominación y desigualdad socio política,  “No había una nación con base en la cual pudiera construirse un Estado y menos aún constituirse y gobernarse una república. La tarea por hacer, por consiguiente, era doble: primero, construirse el Estado antes que la nación y segundo, extraer la nación del Estado” (VALENCIA VILLA, 1.987, 75). La resultante de este proceso de construcción primero de la superestructura política antes que la nación, es la crisis frecuente del Estado por la separación entre la constitución política y la constitución social, en donde el espacio estatal y la realidad social no coinciden y donde la conflictiva realidad es definida por el uso de la fuerza y no por la razón del derecho o las vías institucionales, esta es tal vez la clave para entender el por qué el modelo político que se construye inicialmente y los subsecuentes son de exclusión y la tramitación o el arbitrar los conflictos se hace apelando a la fuerza o la violencia, sin que la normatividad construida opere de manera efectiva.

La quiebra del régimen colonial dejó un vacío de instituciones políticas que fueron suplantadas por la importación de instituciones del mundo moderno (europeo y norteamericano), lo cual creó contradicciones entre una esfera social económica y cultural heterogénea y desigual (la realidad) y una esfera política (formal, normativa) que construye sobre la base de un principio que no podía ser operante en nuestro contexto: el de que “todos los hombres nacen libres e iguales”, con el agravante de nuestra incorporación al tejido económico mundial en una posición dependiente y subordinada que necesariamente pone en entredicho nuestra capacidad de un desarrollo político autónomo.

En la mayor parte de los países hispanoamericanos, la crisis periódica del Estado, por la inconsistencia en su estructuración arriba señalada, conllevó a un autoritarismo endémico. Para el caso particular de Colombia, el reformismo constitucional fue el mecanismo de conservación del sistema político, previniendo los cambios suscitados desde la base popular, pero manteniendo inalterables las instituciones políticas que lo sustentan. Aquí radica el elemento fundamental para el entendimiento de la coexistencia del orden y la violencia en el sistema político colombiano y que son parte integrante de nuestra cultura política.

La consecuencia inmediata del reformismo constitucional en tanto prevención del cambio social es el culto del orden. Estabilidad institucional y continuidad política, que las más de las veces se convierten en la defensa del orden por el orden mismo, son los valores supremos, las deidades en la cultura cívica de los gobernantes de Colombia, y ello a su vez ha hecho de la violencia, de la guerra civil, tanto de la guerra de guerrillas, una metodología política, una manera de hacer política y de participar en el debate público. Aquí radica tal vez la clave  para descifrar esa coexistencia excepcional de la legalidad y la violencia que distingue entre todos el régimen político colombiano (VALENCIA VILLA, 1.987. 45).

Otro elemento interesante que a nuestro parecer pesa mucho en la estructuración del imaginario político de los colombianos es el que trae a relación López de La Roche, concerniente con el peso simbólico de la violencia y la privatización del Estado. El primero generalizado como dirimente de la contienda política y electoral, ampliamente ilustrado con el asesinato de connotados dirigentes políticos y sindicales de izquierda y algunos candidatos a la presidencia, que plantea desde ya la perpetuación de la intolerancia con otras variables modernas y la vigencia del modelo de exclusión política bipartidista. El segundo, presentando un Estado que no ha podido desprenderse de las ataduras de las redes de poder que se crean al interior de la sociedad civil, tales como los gremios económicos, que hacen prácticamente imposible la implementación de políticas independientes en pos de la afirmación nacional. En la actualidad también pesan los medios de comunicación, de carácter privado, en los cuales se orientan valores de identidad promovidos por las élites, en un imaginario que representa la manera de ver y entender los acontecimientos tanto del nivel nacional como internacional para hacer causa común en la movilidad de la opinión pública en uno o en otro sentido, acorde con determinados intereses, en una lógica de desinformación bien manejada.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA COMO OBSTÁCULO

Otro elemento que se constituye en una constante estructural en el forjamiento de nuestra cultura política, está referido a nuestra configuración como república independiente, en relación a nuestra forma de organización política, siguiendo el modelo francés, que sustenta  los principios de soberanía nacional e indivisible y en la adhesión a la democracia representativa, dos elementos contradictorios en la estructura constitucional colombiana, puesto que si la soberanía reside en la nación, al ella establecer un poder representativo, queda inhabilitada de poder darse a sí misma la organización constitucional que le parezca más adecuada, así pues, es el congreso el único ente capacitado para tal fin, puesto que la relación política entre electores y elegidos, como representación y no como mandato, establece algunas veces la tiranía de los representantes para con los representados, al desarrollar desde su posición de poder intereses particulares. Este elemento ha sido señalado por Gargarella como “el principio de la distinción” en su estudio de la sociedad norteamericana, analizando sus comienzos como república independiente, hacia lo cual anota la inconsistencia con la tradición del pensamiento republicano que reclama una activa participación del ciudadano en los asuntos públicos “la principal defensa de esta separación entre ciudadanos y representantes, entonces, no estuvo relacionada con la imposibilidad de poner en práctica la democracia directa, sino la decidida voluntad de dejar el gobierno en manos de unos pocos representantes, libres de las presiones mayoritarias” (GARGARELLA,2.002, 79).

Este elemento representativo de la democracia moderna no permite que el ciudadano verdaderamente participe del proceso de la toma de decisiones, su participación solamente se restringe a la participación electoral, esperando que los representantes elegidos tengan la suficiente conciencia ética de gobernar a favor del interés general,  en este sentido se cree que cualquier injerencia de los ciudadanos sobre los representantes es sinónimo de corrupción o de influencias fraudulentas del interés particular en el desarrollo de la política, por ello en las reglas procedimentales de la democracia se establece la prohibición del mandato imperativo que conecte a los representantes con los representados, para evitar el favorecer determinados intereses, aspecto que señalábamos anteriormente.

 Hay que manifestar sin embargo que uno de los principios que más sistemáticamente ha sido violado en el contexto del desarrollo de las democracias es justamente éste de la representación política, aunque no en el sentido de el mayor control de los representantes por los representados para el mejoramiento de la acción política, sino en el entendido de que el deber ser de los representantes del Estado que es el de velar por el desarrollo de los intereses generales termina siendo el de la representación de intereses de sectores particulares, generalmente grandes grupos económicos o los provenientes de las oscuras fuerzas que instrumentalizan el poder en su beneficio a través de deferentes mecanismos, incluyendo el uso de la violencia del que se hablaba inicialmente. Son recurrentes las denuncias que se hacen de la flagrante corrupción en los funcionarios del Estado que han sido elegidos popularmente en un descarado favorecimiento de intereses particulares.

Con relación al ítem anterior, Norberto Bobbio en el Futuro de la Democracia se lamenta de aquellas cosas que prometió la democracia y que la cruda realidad no dejó cumplir, él señala seis de lo que denomina “falsas promesas”, una de ellas es precisamente es lo que él nombra como “la representación de intereses” anotando que:

Jamás una norma constitucional ha sido tan violada como la prohibición del mandato imperativo[18]; jamás un principio ha sido tan menospreciado como el de la representación política. Pero en una sociedad compuesta por grupos relativamente autónomos que luchan por la supremacía de hacer valer sus intereses en contra de otros grupos, tal principio ¿habría podido ser realizado?... ¿dónde podemos encontrar un representante que no represente intereses particulares?... ¿pero, que es lo que representa la disciplina de partido, sino una abierta violación a la prohibición del mandato imperativo?” (BOBBIO, 2.007, 31 – 32)

En este sentido, la deformación que tiene dicha violación, no va en el sendero de garantizar la recuperación para el ciudadano de un papel protagónico en el quehacer político o vida política nacional, sino en el sentido de la corrupción política que es uno de los males endémicos de prácticamente ataca todos los sistemas democráticos, aunque especialmente a los países en vías de desarrollo. Para nuestro contexto tendríamos la tiranía de los representantes con el agravante de la corruptela, sin que el ciudadano común sienta que pueda hacer algo, pues incluso se cierne sobre él, si lo intenta, una desembozada violencia.

EL CENTRALISMO

Un elemento que se suma al anterior y que refuerza el carácter excluyente de nuestra formación política y que por lo mismo determina el posicionamiento de los ciudadanos respecto de la estructura, es el derivado del modelo político centralista que se instaura como dominante que como forma organizacional del Estado, herencia del colonialismo, el cual va en detrimento de las autonomías provinciales y que generó enconadas luchas entre federalistas y centralistas en la mayor parte del territorio colombiano durante casi todo el siglo XIX, hasta la instauración de la fórmula en 1.886 de “centralización política y descentralización administrativa”, con el triunfo del movimiento regenerador a la cabeza de Rafael Núñez, quien trató de conciliar las dos vertientes de organización política conducentes a un mismo proceso en la construcción del Estado Nación. De este aspecto resulta  la elaboración de una constitución elitista, la de 1.886, de más de un siglo de duración y al que va determinar la manera cómo los ciudadanos se van a relacionar con el Estado y en gran medida crea las condiciones para perpetuar la manera del quehacer político tanto de las élites como las del ciudadano común.

El centralismo favorece principalmente los intereses de las élites dominantes, de allí que esta formula se erigiera como tabla de salvación de la república. Con  esta forma de organización se favorece la burocratización y jerarquización del sistema político. El centralismo refuerza el carácter excluyente de la forma republicana representativa que se establece en nuestro medio, puesto que ayuda a consolidar el dominio de las élites a través de la instauración de un modelo centralizado de dominio y representativo del poder político. Estos elementos necesariamente influyen en la percepción del ciudadano del común sobre la arquitectura política de la sociedad y del Estado, en el sentido de prescribir el deber ser de la organización.

EL PRESIDENCIALISMO

El presidencialismo también pesa en nuestra tradición  política y complementa la república centralista. El presidente como jefe de gobierno electo cada cuatro años desde 1910, está dotado de amplios poderes gubernativos y algunos de excepción, constituyéndose en la cabeza más visible del Estado y en la representación de toda la nación, en virtud de lo cual se guarda hacia el mismo cierta actitud reverencial, que es perfectamente capitalizada para imponer determinadas políticas, en donde no media ninguna concertación con todos los sectores de la sociedad y la política. Si bien es cierto somos considerados la democracia más firme, estable y duradera de América Latina, en comparación con los regímenes de facto que se han instaurado en varios países del subcontinente, también es cierto que el talante autoritario del presidencialismo nuestro no ha hecho necesario recurrir a esta modalidad de gobierno, pues en gran medida los estados de excepción revisten el corte de una dictadura civil, llegando incluso a polarizar el entendimiento o comprensión de las relaciones políticas en el medio de la opinión pública, en el sentido de no permitir oposición, ni siquiera de los sectores tradicionales de la política nacional y, como es obvio, mucho menos de los sectores que reivindican derechos y garantías para los sectores populares o que defienden posiciones de izquierda, quienes terminan siendo asesinados por  obscuros sectores.

El 17 de Agosto del año 2.010, en la transmisión televisiva del debate en el Congreso de la República sobre la continuidad de un funcionario del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), adscrito a la presidencia y que fue el directo responsable de las llamadas chuzadas o interceptaciones telefónicas ilegales a congresistas de la oposición, a magistrados de las altas cortes que habían estado comprometidos en fallos que el ejecutivo no compartió y a otros personajes de la sociedad civil que en abierta oposición a las iniciativas del gobierno sobre el no adelantamiento del diálogo con los grupos subversivos, habían desarrollado acciones en favor de la recuperación de personas secuestradas por la guerrilla. Llama la atención la intervención de la senadora Piedad Córdoba, del partido liberal, quien denuncia ante esa corporación y en presencia del entrante Ministro del Interior y de Justicia las persecuciones de las que ha sido objeto por el DAS, además de los malos tratos recibidos por la red de facebook y twitter y de lo que ella denomina “linchamiento público”, refiriéndose a los malos tratos que casi rayan en La agresión física en muchos aeropuertos nacionales  e internacionales, por el solo hecho de haber hecho oposición al saliente gobierno, lo que ella  considera como “el sentido de la democracia y motor de la misma” y por los señalamientos públicos del presidente, quien la calificó en más de una ocasión como “amiga de la narco guerrilla”. En esta misma alocución la senadora denuncia el mismo sentido las persecuciones para los representantes del partido Polo Democrático del sector de la izquierda democrática. Lo que aquí se evidencia es la satanización del adversario político y el gran sentido de intolerancia política hacia los sectores de la oposición, apoyado todo esto en lo que deviene de la formación política precedente y de la cultura política que se ha venido forjando en el imaginario de los colombianos, no es gratuito que actuemos así y que nos expresemos de los adversarios políticos en los términos en los que lo hacemos. Lo que se debe preguntar es ¿a  qué le estamos haciendo el juego?, ¿qué es lo que se pierde para la democracia?, ¿Cuáles son los sectores que salen beneficiados con este tipo de posturas?, ¿Cuál debería ser la mejor manera de relacionarnos políticamente y que de paso garantice la  convivencia armónica  y pacífica de todos, permitiendo el desarrollo de las diferentes concepciones de vida buena?

La anterior situación tiene un punto de quiebre desde el proceso mismo de elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1.990, que elaboró una nueva constitución política que transformaría el estatuto jurídico político de mayor durabilidad en el país, puesto que no se le delegó esta tarea al Congreso, quien tenía la potestad para hacerlo, sino que se optó, ante la presión ejercida por la sociedad que votó mayoritariamente la iniciativa estudiantil de la séptima papeleta,  por la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual tuvo participación lo más variado de la sociedad civil organizada, lo que, en gran medida, le imprime un nuevo dinamismo a la arquitectura constitucional no visto en otras etapas de nuestra vida política, pues se genera una construcción de abajo hacia arriba en el andamiaje institucional, cuando tradicionalmente la conformación política estatal había sido de carácter vertical y elitista y, de no haber sido por el fallo de la corte Suprema de Justicia dándole vía libre a esta iniciativa, el proceso se hubiese empantanado y habrían sido las tradicionales élites las que ejecutaran, como siempre, el cambio constitucional

En la actualidad se asiste a un proceso de modernización del país, dentro de los marcos del subdesarrollo y la dependencia económico política; es evidente la urbanización y la secularización de las relaciones entre la iglesia y el Estado, que tienden a minimizar el peso de la religión en los asuntos políticos y en la adscripción y predisposición política de los ciudadanos,  que otrora acarreara efectos tan funestos en el desarrollo de nuestro acontecer político; la violencia pos frente nacionalista está enraizada en las fisuras del Estado y en aquellas zonas donde la presencia del mismo es precaria se posibilita el avance y consolidación de justicias privadas, cuyo efecto es la pérdida del monopolio de la fuerza – función que debe ser competencia exclusiva del Estado – erosionando la aplicación de la justicia y poniendo en entredicho al Estado mismo, cuando sus funcionarios en busca de sacar alguna ganancia político económica de la difusa situación, se han aliado o han cohonestado con las actuaciones de estos oscuros sectores violentos, prueba de ello son los sonados casos de la parapolítica, que han dejado a más de un congresista en la cárcel, ante las contundentes evidencias.

El panorama actual, marcado por las consecuencias de la apertura democrática y del establecimiento de la constitución de 1.991, si bien ha ejecutado cambios en el tradicional esquema de formación y consolidación de la cultura política nacional, abriendo posibilidades en la ampliación del espectro político y en la oxigenación del sistema mismo, también es cierto que el paso de una cultura política representativa y de subordinación a una de participación y de mayores posibilidades de incidencia del ciudadano en el proceso de toma de decisiones, todavía está por verse y, podríamos decir que seguimos en proceso de construcción. Hay que señalar también que las nuevas generaciones que acuden al proceso político de cambio que indicamos, no vivieron en el contexto bipolar de la guerra fría, ni del derrumbe de los regímenes socialistas, ni de los periodos presidenciales del permanente estado de sitio, motivo por el cual no tienen una actitud más beligerante respecto de la defensa de las conquistas democráticas del nuevo estatuto jurídico político y del empoderamiento de los instrumentos que se crean para propiciar la participación del pueblo en la toma de decisiones.

Lo interesante en la elaboración de  la nueva carta política es que allí  han tenido cabida disímiles ideas y diferentes posturas teóricas, las cuales van a lograr, en su conjunto, un ordenamiento más inclusivo  y proclive al establecimiento de medidas que protegen de alguna manera los intereses generales, aunque dentro de los marcos de un modelo económico que se torna hegemónico en el contexto internacional y que va más en la vía de la defensa de los intereses particulares y de la defensa de la economía de mercado. No obstante el primero de los elementos señalados va a propiciar la gestación de condiciones para el ciudadano colombiano asuma una posición más activa en los asuntos públicos con un carácter republicano, sin embargo, los inconvenientes que la tradición histórica y el modelo político representativo  han insuflado en el espíritu de los colombianos, determinan un actitud pasiva e indiferente respecto de lo público, lo cual no ha permitido que los cambios que se han establecido tengan una verdadera operatividad y sean una  realidad efectiva que verdaderamente transforme la sociedad y sus instituciones, amén de los engorrosos trámites que tienen los mecanismos de participación política popular, que requieren de apropiados  procesos de organización social, los cuales no han estado presentes en la cultura política nacional.

El empoderamiento de la actual constitución política por parte de la ciudadanía puede permitir la conformación de la agencia política, en la cual la población del común, interesada en los asuntos públicos, conmine a la clase política a ejercer el poder en favor de los intereses generales, poniéndole freno a la corrupción, preservando el núcleo básico de los valores sociales compartidos que garantizan la estabilidad social y la coherencia de su formación. El ciudadano colombiano no puede sentarse a esperar que la redención política llegue por obra de algún caudillo o adalid, solamente la participación ciudadana y el copamiento de todos los espacios de participación política son los que pueden construir la vía de superación de la situación precedente, se requiere eso si de una alta dosis de educación política y la valentía y el carácter de  querer participar de manera autónoma y con el horizonte de construir una verdadera comunidad republicana.

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*      Jaime Calero Sanz, Licenciado en Historia de la Universidad del Valle (Cali – Colombia), Especialista en Docencia Universitaria  de la Universidad del Valle, Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali; profesor del programa académico de Licenciatura en Historia de la Universidad del Valle (Buga – Colombia), profesor de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades en la misma Universidad, miembro del equipo de Cátedra y su Grupo de Investigación en Ética y Política y profesor de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, adscrita a la Alcaldía de Guadalajara de Buga.

[1]      La ciudadanía deliberativa implica la conformación de la agencia política, en la cual el individuo tiene la disposición de participar políticamente y el medio jurídico político le brinda todas las garantías para hacerlo, lo que permite tramitar las demandas sociales en los espacios de concertación que la sociedad institucionalmente ha creado. Este mecanismo resulta particularmente importante en sociedades multiculturales y multiétnicas, lo que Rubio Carracedo define como Ciudadanía compleja. Véase RUBIO CARRACEDO, José. Modelos de ciudadanía: liberal, republicana y compleja. En: Republicanismo contemporáneo: igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía, HERNANDEZ, Andrés (compilador). Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2002.

[2]      En el sentido de no estar a merced de la voluntad arbitraria de otros o que la voluntad arbitraria de otros pueda realizarse (ausencia de coerción en un entorno social, con la seguridad de no ser interferido y con la capacidad de mirar de frente a los demás). Pettit es uno de los primeros en enunciar la libertad como no dominación, mostrando otra vía a las concepciones anteriores de libertad negativa, positiva y como no interferencia. Es frente a esta concepción donde el republicanismo, entendido como teoría de la libertad como no dominación, encuentra su actualidad contemporánea. Se puede presentar falta de libertad en ausencia de interferencia, cuando los sujetos son dependientes o están sujetos a una voluntad externa. Lo interesante en Pettit, uno de los defensores de esta postura, es que la defensa de tal libertad tiene carácter universal, sin que la pretensión lo sea solo para una élite.  Véase PETTIT, P. Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno. Barcelona: Paidós, 1999.

[3]      Véase al respecto, en este mismo trabajo, los escritos de ALVAREZ William y GARZON John Jairo, alrededor de la problemática del debate entre las corrientes liberales ­-  comunitaristas y la emergencia de la propuesta republicana.

[4]    Norberto Bobbio en “El futuro de la democracia” realiza un balance sobre el estado actual de la democracia, exponiendo lo que él denomina como la prohibición  del mandato imperativo, como una de las falsas promesas del sistema, en el sentido de que no existe un principio mas sistemáticamente violentado por las nefastas conexiones del interés particular con los representantes electos. Véase BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Bogotá: Fondo de Cultura Económico, 1996, pág. 30-32

[5]      Hay que tener en cuenta la nutrida participación ciudadana en los 32 departamentos del país, con más de 200.000 proposiciones  sobre diversos temas: salud, educación, sistema político, derechos étnicos, derechos al trabajo, la política de salarios, entre otros temas, los cuales fueron acogidos por la Asamblea Nacional Constituyente. Las propuestas provenían mayoritariamente de individuos (83.107), seguidos de organizaciones cívicas y comunitarias (11.768), instituciones académicas (3.025), Juntas de Acción Comunal (1.739), organizaciones de profesionales  (1.574), Sindicatos (1.384),  partidos y movimientos políticos (1.000), organismos de empresarios (634), organizaciones religiosas (573), organizaciones étnicas (386), cooperativas (279), organizaciones culturales y deportivas (278). Cfr. Virginie Laurent (1993). L’assemblée Nationale Constituante Colombienne de 1991. Itinéraire d’un projec. Memoria de diploma dirigido por Christian Gross. París, Instituto de Altos Estudios de América Latina.

[6]      Retomando a los pioneros del estudio de la cultura política, los norteamericanos Gabriel Almond y Sidney Verba. La Cultura Política se refiere al conjunto de orientaciones que predomina entre las gentes de un territorio dado, con respecto a la política y a la ubicación y papel del propio yo en el mundo político.  Estos autores tienen en cuenta las orientaciones sicológicas de los miembros de una sociedad, en relación con la política, distinguiendo tres tipos de orientaciones o modos en que se pueden ver los hechos y las relaciones políticas: orientación cognoscitiva, la orientación de tipo afectivo y la orientación evaluativa. ALMOND. Gabriel y VERBA, Sidney. The civic culture. Princeton University Press, 1.963

[7]      La descripción del funcionamiento de un sistema político es algo complejo, dado que la unidad de análisis para explicarlo es “el poder” y éste se constituye y ejecuta en las relaciones sociales y prácticas de clase y el papel del poder y de la autoridad están relacionados con la adquisición, mantenimiento y ejercicio del mismo. Al respecto Michell anota: “los papeles políticos guardan relación con el proceso de adopción de decisiones en nombre de la sociedad, así como la realización de los actos necesarios para la ejecución de dichas decisiones y la asignación de los bienes y de los costos. El conjunto de estos papeles y el comportamiento consiguiente constituyen el sistema político” MITCHELL, William. Sistemas políticos. En: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Madrid : Aguilar, 1.979, pág. 723. 

[8]      Véase al respecto a TIRADO MEJÍA, Álvaro. El Estado y la política en el siglo XIX. En: Nueva Historia de Colombia, volumen 2: La era republicana. Bogotá: Planeta, 1.989. pp. 155- 179.

[9]      HENAO, José María y ARRUBLA, Gerardo. Historia de Colombia. Bogotá: Camacho Roldán, 1926.

[10]     GUILLÉN, en la obra citada. Capítulo IX, Numeral 10: El clero, burocracia de enlace. pp. 484-492, destaca el papel socializador de la burocracia religiosa católica como enlace entre los principios culturales de la élite y su interiorización en el estamento popular.

[11]     Véase también PECAUT, Daniel. Orden y violencia: Colombia 1.930 – 1.954, Vol. I. Bogotá: Siglo XXI, 1.987, pág. 85 - 86

[12]     Por régimen republicano se entiende aquel que reconoce y defiende la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, con las suficientes virtudes cívicas para actuar en aras de la promoción del interés general y de paso ayudando al desarrollo de intereses individuales, aquí nos estaríamos adentrando en un terreno donde la autoridad pierde toda su omnipotencia y se constituye en un ente maleable y moldeable, de acuerdo a las dinámicas de los enfrentamientos de intereses que efectivamente se operan en la sociedad. Lo que a primera vista puede verse como un caos; pero si entendemos que por sobre todas las cosas la autoridad está para el aseguramiento, estabilidad, seguridad y  permanencia del todo social, la lucha entonces tiene un norte muy bien definido, que supera de manera dialéctica y por vía ordenada el enfrentamiento de intereses.

[13]     Véase GONZÁLES Fernán. Iglesia católica y Estado colombiano. En: Nueva Historia de Colombia. Tomo II. Bogotá, Planeta, 1.989.

[14]     Véase MELO, Jorge Orlando. La Constitución de 1.886. en: Nueva Historia de Colombia, tomo I. Bogotá, Planeta, 1.989.

[15]     GONZÁLES Fernán. Aproximación a la configuración política de Colombia. En: Controversia Nº 154, Vol. II: Un país en construcción: Estado, instituciones y cultura política. Bogotá, CINEP, 1.978, pag. 21 y 22.

[16]     Periódico El Tiempo, domingo 16 de mayo de 2.010, pág. 1 y 6

[17]     VALENCIA VILLA, Hernando. Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano. Bogotá: Editorial Presencia, 1.987  segunda parte, Capítulo V y VI

[18]     Entendido este como la acción a través de la cual el representante que habiendo sido elegido para representar los intereses de la comunidad, pasa a representar intereses particulares de grupos y sectores con los  que de alguna manera está comprometido.